XIX Cumbre Judicial Iberoamericana: Composición por sexo de las nuevas comisiones.

La XIX Cumbre Judicial Iberoamericana reflejó un avance significativo en la inclusión de las mujeres dentro de los espacios de decisión del ámbito judicial regional. En el proceso de conformación de las comisiones, se observó una tendencia hacia la paridad, con un total de 17 hombres y 16 mujeres elegidos. Sin embargo, la distribución no fue uniforme entre las distintas comisiones: mientras la Comisión de Género y Acceso a la Justicia estuvo integrada exclusivamente por mujeres, otras comisiones —como la de Coordinación y Seguimiento o la de Justicia Medioambiental— presentaron una marcada mayoría masculina.

Estos datos evidencian tanto los progresos alcanzados como los desafíos pendientes en materia de equidad de género dentro del sistema judicial iberoamericano. La participación plena y efectiva de las mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones constituye un elemento esencial para consolidar una justicia más representativa, inclusiva y alineada con los compromisos asumidos en la Declaración de Asunción. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Distribución de cargos del Poder Judicial según sexo:

El análisis evolutivo de la distribución de cargos dentro del Poder Judicial paraguayo entre los años 2015 y 2025 permite observar un avance sostenido en la participación femenina, aunque con persistentes brechas en los niveles de mayor jerarquía. Desde los primeros registros, la representación de mujeres en cargos judiciales de base —como Juzgados de Paz y de Primera Instancia— ha superado a la masculina, consolidando un escenario de creciente equidad en los espacios de contacto directo con la ciudadanía. Sin embargo, en la cúspide institucional, la Corte Suprema de Justicia mantiene una composición predominantemente masculina, con una única ministra en funciones durante todo el período analizado.

Estos resultados evidencian la necesidad de seguir promoviendo políticas de igualdad de oportunidades y de liderazgo femenino en el ámbito judicial. Si bien los avances son notorios en las estructuras medias y operativas, la brecha en los órganos de decisión estratégica refleja la persistencia de un techo de cristal institucional. El fortalecimiento de la paridad de género en todos los niveles del Poder Judicial no solo constituye un compromiso con los derechos humanos, sino también un factor determinante para consolidar una justicia más inclusiva, representativa y acorde con los principios democráticos y de equidad establecidos en la Constitución Nacional. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Participación en espacios públicos de decisión.

Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

Ver más aquí.

La distribución de los cargos en espacios de decisión sigue estando condicionada en gran medida por desventajas estructurales para las mujeres, en gran medida invisibilizadas.

En los siguientes gráficos se detalla la participación de las mujeres en espacios públicos de decisión, tanto en el ámbito legislativo como el ejecutivo y judicial. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Violencia contra las mujeres basada en asimetrías de género.

Según la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA", se define “violencia contra las mujeres” de la siguiente manera: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”Además, “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.En los siguientes gráficos podrán encontrarse índices de diferentes tipos de violencia en los que se reflejan tasas superiores de víctimas de sexo femenino. La llamativa diferencia entre las tasas de víctimas de sexo femenino y masculino obedece al orden social vigente en el que las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad. Debido a la desigual distribución de poder entre el género femenino y el género masculino se genera una discriminación basada en aquellas asimetrías que impiden el pleno goce de los derechos de las mujeres. 

• Estadísticas de la Mesa de Entrada Penal On-line 
• Utilización de los servicios de la Oficina Técnico Forense
• Monitoreo de sentencias en materia de violencia doméstica
• Denuncias de violencia contra las mujeres registradas en Juzgados de Paz según año 
• Denuncias de violencia contra las mujeres registradas en Juzgados de Paz de los años 2010 y 2011 según circunscripción judicial
• Denuncias de violencia contra las mujeres registradas en Juzgados de Paz. Periodo 2013 - 2016.
• Casos de Coacción Sexual
• Casos de Feminicidio

Participación económica y acceso a servicios básicos.

El acceso a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda y propiedad son factores fundamentales para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades y ejercer su independencia. Sin estas garantías estructurales las mujeres quedan sujetas a una situación de dependencia que limita su participación social, política, económica y cultural. En los siguientes gráficos pueden leerse índices referidos a estos factores donde se reflejan situaciones de desventaja para la población femenina.

• Distrubución de la Propiedad sobre Automotores Productivos
• Participación de la Población en la Actividad Económica por Sexo
• Educacion: Universidad Nacional Docentes por Sexo según Institución año 2011
• Salud: Padecimiento de Cáncer en Hombres y Mujeres
• Promedio de años de estudio aprobados de la población indígena y no indígena
• Impacto del trabajo no remunerado
• Trabajo Infantil

Situación de personas privadas de libertad.

El análisis de la situación de las mujeres privadas de libertad en el Correccional “Casa del Buen Pastor” permite visibilizar las condiciones estructurales de vulnerabilidad que atraviesan dentro del sistema penitenciario. De una población total de 396 mujeres, el 71% aún no cuenta con condena firme, permaneciendo en situación procesal abierta por causas que incluyen la falta de defensa técnica adecuada, abandono por parte de abogados o demoras judiciales. Esta realidad evidencia un problema persistente de acceso a la justicia y de cumplimiento efectivo de las garantías procesales básicas para las mujeres en conflicto con la ley penal.

Asimismo, el informe revela otras dimensiones críticas que afectan a esta población: un 2% de las internas se encuentra en estado de gestación, compartiendo espacios con niños y niñas menores de tres años, y un 6% son mujeres extranjeras. También se identifican casos de enfermedades mentales y contagiosas sin atención diferenciada adecuada. La mayoría de los delitos vinculados a su ingreso al correccional están relacionados con la tenencia o comercialización de estupefacientes, lo que sugiere un patrón de criminalización asociado a la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Estos datos reafirman la necesidad de políticas penitenciarias con enfoque de género y derechos humanos. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Estudio de opiniones y satisfacción de usuarios de servicios judiciales y magistrados: Acceso a la Justicia.

El estudio sobre respuestas judiciales con perspectiva de género permite analizar tanto la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia como el nivel de sensibilización y capacitación de los operadores judiciales en materia de derechos de las mujeres. A través de encuestas a usuarios, magistrados y funcionarios, se identificaron patrones de acceso, satisfacción y credibilidad hacia las instituciones, así como el grado de conocimiento y aplicación de instrumentos normativos nacionales e internacionales vinculados a la igualdad de género. Los resultados reflejan una baja confianza en la Corte Suprema de Justicia y señalan deficiencias en infraestructura, tiempos de atención y accesibilidad para personas en situación de vulnerabilidad.

En paralelo, el relevamiento evidencia que la gran mayoría de magistrados y magistradas conoce los marcos legales de protección de los derechos de las mujeres, aunque no siempre los aplica de forma consistente en sus resoluciones. A pesar de los avances en capacitación, persiste una demanda de formación más profunda y continua en enfoque de género, tanto en la judicatura como en el funcionariado. Este diagnóstico refuerza la necesidad de consolidar una justicia sensible al género, capaz de garantizar respuestas equitativas y efectivas frente a las distintas formas de violencia y discriminación que afectan a las mujeres en el acceso y ejercicio de sus derechos. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Violencia contra mujeres indígenas.

El fenómeno de la trata y la violencia contra las mujeres indígenas en Paraguay se enmarca dentro de una estructura más amplia de discriminación y desigualdad social. Las distintas formas de violencia —física, psicológica, sexual o simbólica— no actúan de manera aislada, sino que se entrecruzan y refuerzan mutuamente en un contexto donde las condiciones de vulnerabilidad se profundizan por factores étnicos, económicos y de género. En este escenario, las mujeres jóvenes indígenas enfrentan múltiples violencias simultáneas que limitan su autonomía, restringen su acceso a la justicia y perpetúan la exclusión estructural.

La trata de mujeres indígenas presenta además características particulares, vinculadas a la explotación laboral y sexual, derivadas de la histórica relación desigual entre las comunidades indígenas y la sociedad no indígena. Este desequilibrio de poder propicia prácticas sistemáticas de violencia y abuso, invisibilizadas por la falta de políticas públicas adecuadas y por la débil respuesta institucional. Reconocer y abordar esta problemática desde un enfoque intercultural y de género resulta esencial para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres indígenas y avanzar hacia una justicia verdaderamente inclusiva. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).

Expedientes ingresados en lo Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia y Laboral (2013–2014).

• Casos Controvertidos y No Controvertidos
• Civil y Comercial
• Niñez y Adolescencia
• Laboral
• Juicios Ejecutivos y de Ejecución
• Porcentaje de Resoluciones judiciales que ponen fin al procedimiento
• Juzgados de Primera Instancia
• Tribunal de Segunda Instancia

Juicios de Acción de Inconstitucionalidad.

Durante los años 2013 y 2014, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia registró un volumen constante de juicios de acción de inconstitucionalidad, con 1.930 y 1.912 expedientes ingresados respectivamente. Aproximadamente un tercio de estos casos fueron remitidos al Ministerio Público para dictamen, lo que refleja la relevancia del control constitucional en el sistema judicial paraguayo y la articulación interinstitucional requerida para su tramitación.

En ese mismo periodo, se dictaron más de dos mil resoluciones entre Autos Interlocutorios, Acuerdos y Sentencias, evidenciando la carga procesal que recae sobre la Sala Constitucional. Estos datos permiten dimensionar el papel central que cumple la Corte en la revisión de la constitucionalidad de las normas y actos del Estado, así como la necesidad de optimizar los mecanismos de gestión judicial para garantizar una resolución más ágil y eficiente de las causas. (Para más información, ver adjuntos al pie de este documento).